Los políticos no son como el resto de los ciudadanos

No sé por qué se habla tanto de la reforma de las pensiones del, por decirlo de alguna forma, pueblo llano, y no se menciona nunca, en ninguna cadena, lo pronto que acuerdan los políticos la protección de sus generosas pensiones.

Leo en ABC:

"Mientras la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo no se puso ayer de acuerdo sobre la propuesta del Gobierno de alargar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, lo que sí que ha acordado por mayoría esa comisión es recomendar al Gobierno que amplíe el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Casualmente, esta recomendación no afectará a los diputados y senadores, que mantendrán intactos los privilegios de que gozan sus pensiones."

"Si cualquier trabajador necesita cotizar a la Seguridad Social 15 años para cobrar una pensión, mejor dicho, solo el 50% de la misma, sus señorías con siete años de actividad en cualquiera de las Cámaras ya tiene derecho a percibir el 80% de su pensión. Ese porcentaje se eleva al 90% si cotizan 10 o 11 años. "

Esto es totalmente inadmisible. No deberíamos consentir injusticias así. Hay que tener caradura para hablar de la edad de jubilación de los ciudadanos de a pie, mientras ellos se forran, la mayoría de las veces, por no dar ni golpe (ver, por ejemplo, la gran cantidad de veces que vemos el Congreso medio vacío), con la seguridad de tener el 100% de la pensión en un máximo de 11 años. ¿Es esto la igualdad de los españoles? Por cosas como esta deberíamos salir a la calle.

La única que se salva es Rosa Díez, la diputada de UPyD, que pide un ejercicio de responsabilidad para que las Cortes Generales revisen el privilegiado sistema de protección social y de pensiones que rige en exclusiva para diputados y senadores.

Leo en La Razón:

"El pasado diciembre, ni Congreso ni Senado estaban por la labor de atender la petición de la diputada de UPyD. De hecho Díez tuvo que registrar hasta tres escritos ante la Mesa de sendas Cámaras para que su propuesta fuera, al menos, contestada. Al tercer intento, ya se le dijo que el Parlamento consideraba «válido y adecuado» el sistema de pensiones de sus señorías y que no había intención de cambiar el modelo. Ahora, sin embargo, el Letrado Mayor de las Cortes Generales se ha dirigido a la diputada en cuestión para hacerle saber por escrito los motivos por los que caerá en saco roto su propuesta. ¿Adivinan? Uno: que la situación de diputados y senadores «no es comparable a la del conjunto de los ciudadanos» porque los primeros «son representantes del pueblo español y no tienen una relación laboral no estatutaria con las Cámaras a las que pertenecen».

"Las Mesas del Congreso y del Senado consideran que el acuerdo unánime de todos los partidos alcanzado en 2006 para aprobar el Reglamento de Pensiones de sus señorías «establece un tratamiento digno para quienes han sido representantes de los españoles» y lo consideran «económicamente moderado», además de «viable» en comparación con las previsiones establecidas en otros «parlamentos o instituciones públicas».

«Es una vergüenza –añade Díez– que para mantener una situación privilegiada apelen al derecho comparado con otros países o que, en el colmo de la hipocresía, terminen justificándose en pretendidos privilegios mayores en otras instituciones de nuestro país». Es más, aunque se diera por bueno que el sistema es económicamente sostenible, la diputada de UPyD, sostiene que es «políticamente inaceptable el mantenimiento de un sistema de pensiones excepcional para aquellos que legislan sobre el interés general». UPyD no se rendirá y su siguiente paso será volver a presentar la revisión del sistema de pensiones para diputados dentro del voto particular que esta formación presentará al dictamen que el Pacto de Toledo elevará al pleno del Congreso sobre la reforma de las pensiones."